LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN
La Procuraduría Anticorrupción ha elaborado el presente informe con el propósito de examinar los avances normativos e identificar las herramientas jurídicas necesarias para fortalecer la defensa de los intereses del Estado en casos de corrupción que comprendan a personas jurídicas; asimismo, para presentar importante estadística de la institución sobre este tipo de casos.
Así, el primer capítulo expone consideraciones generales sobre las competencias de esta Procuraduría, la problemática sobre la participación de la persona jurídica en el proceso penal y los objetivos del presente informe. El segundo capítulo desarrolla los alcances normativos sobre la incorporación de personas jurídicas al proceso penal, las posibles medidas accesorias a imponérseles según el Código Penal y el Código Procesal Penal, la incorporación de la persona jurídica como tercero civil responsable; la Ley N° 30242 – Ley de Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica – y su reglamento; asimismo, la Ley N° 30737 – Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil-; y los instrumentos internacionales suscritos por el Perú sobre la materia.
El tercer capítulo ofrece estadística respecto de los casos en los que se ha logrado incorporar personas jurídicas al proceso penal en condición de investigadas o como tercero civil responsable, tipo de delito en los que estarían involucradas, región donde se encuentran las investigaciones, etapa procesal, sector de la administración pública afectada, entre otras variables. Presentamos también en este capítulo información sobre el número de casos en los que se tiene a representantes de las personas jurídicas en condición de imputados, los cuales, en su mayoría, son por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.
El informe concluye con un conjunto de conclusiones y recomendaciones que plantean, a partir de los avances normativos y la escasa práctica judicial, la necesidad de abrir camino a la implementación y desarrollo de nuevas herramientas de lucha contra la corrupción en nuestro país.