Procuraduría Anticorrupción advierte que magistrados hicieron inadecuada interpretación de las normas para eximir al sentenciado Mendel Winter del pago de su reparación civil, que asciende a más de 12 millones de soles.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) expresa su rechazo a la resolución judicial que, en ejecución de sentencia, exime del pago de reparación civil al señor Mendel Winter Zuzunaga, quien actualmente adeuda al Estado más de 12 millones de soles tras haber sido condenado por el delito de peculado y otros.
El pasado 16 de marzo, la Segunda Sala Penal Liquidadora, en vía de apelación, revocó la resolución de fecha 13 de marzo dictada por el Cuarto Juzgado Penal Para Procesos con Reos Libres Permanente y, reformándola, declaró fundada la caducidad del pago de la reparación civil del señor Winter Zuzunaga, aduciendo que el plazo para que se produzca su extinción es de 10 años contados desde que la condena quedó firme, la cual en el presente caso ocurrió en el año 2004.
Esta procuraduría advierte que los magistrados han cometido un groso error al asumir que existe un plazo de caducidad de la reparación civil allí donde la ley no lo contempla, en consecuencia, han realizado una inadecuada y tendenciosa interpretación de la institución de caducidad regulada en el Código Civil, la misma que resulta sumamente grave para los intereses del Estado peruano.
Nuestra institución ha requerido el pago de la reparación civil al señor Mendel Winter a lo largo del tiempo, quedando evidenciado que el Estado en ningún momento ha dejado de requerir y ejercer su derecho a cobrarla, incluso hemos impulsado un procedimiento concursal con el fin de declarar la disolución y liquidación de su patrimonio.
Esta lamentable decisión del Poder Judicial constituye un serio retroceso en la lucha contra la corrupción al poner en riesgo el cobro de las reparaciones civiles impuestas a los sentenciados, quienes a la fecha le adeudan al Estado una suma aproximada de mil 400 millones de soles.
Lo resuelto crea un grave precedente para todos los procesos en ejecución de sentencia, por tal razón, la PPEDC ha presentado un recurso de nulidad contra la cuestionada resolución judicial con el propósito de revertir el agravio causado a los intereses del Estado.