Recuperación del dinero por reparación civil se efectuó en el marco de dos Sentencias de Colaboración Eficaz en los casos La Centralita y la Carretera Chacas- San Luis.
En menos de un año, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, adscrita al Ministerio de Justicia, logró cobrar una reparación civil de 65 millones 233 mil 270 de soles a la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht S.A., en el marco de dos Sentencias de Colaboración Eficaz en los casos “La Centralita” y en la obra “Carretera Carhuaz-Chacas-San Luis” en Áncash.
Desde la Procuraduría Anticorrupción se impulsaron diversas gestiones en salvaguarda de los intereses del Estado consiguiéndose ejecutar un cobro de 40 millones 233 mil 270 de soles a la empresa Odebrecht en el 2018, mientras que los 25 millones de soles restantes fueron recuperados entre los meses de abril y mayo del presente año.
La recuperación económica se efectuó en el marco de los Acuerdos de Colaboración Eficaz N°02-2017 y el N°03-2017 que fueron resultado de un trabajo conjunto entre el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Procuraduría Anticorrupción, y que posteriormente, fue homologado por el Poder Judicial.
El dinero recuperado a favor del Estado provino de los fondos existentes en las cuentas corrientes del “Fideicomiso de Retención y Reparación – FIRR, provenientes de operaciones de las empresas del Grupo Odebrecht”, que tiene amparo normativo en el Decreto de Urgencia N° 003-2017 y en la Ley N° 30737.
Como se recuerda, de acuerdo a la investigación fiscal y al aporte del Colaborador Eficaz N°03-2017, la empresa Norberto Odebrecht S.A. realizó pagos ilícitos a cambio de que se le adjudique la construcción de la carretera Callejón de Huaylas – Chacas – San Luis, en la región de Áncash. Para este fin, se realizaron actos de lavado de activos y corrupción en los que participaron representantes de la compañía brasileña en complicidad con funcionarios del Gobierno Regional de Áncash, entonces presidido por el procesado César Álvarez.
Cabe precisar, que el trabajo realizado por la Procuraduría Anticorrupción tuvo como objetivo resguardar los intereses del Estado, respetándose los principios que rigen en el proceso de colaboración eficaz en nuestro país.