Institución difunde su Boletín Informativo “Corrupción en la Emergencia Sanitaria COVID-19”, en el que se registran más de 700 investigaciones fiscales.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC), en su condición de defensa jurídica de los intereses del Estado, ha interpuesto 264 denuncias ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción ocurridos en el marco del estado de emergencia nacional por el Coronavirus.
Esta información ha sido consignada en el Boletín Informativo N°01 “Corrupción en la Emergencia Sanitaria COVID-19”, elaborado por la Procuraduría Anticorrupción, en el que se advierte, además, que los delitos con mayor incidencia que habrían cometido los servidores públicos durante la crisis sanitaria son el peculado, seguidamente por la colusión y la negociación incompatible.
El estudio en mención hace referencia a los casos en trámite que registra la PPEDC y que, al 4 de junio del presente año, ascendían a más de 700 investigaciones fiscales por supuestos actos contra la Administración Pública relacionados a la emergencia, y en los que la Procuraduría se encuentra participando activamente a través de sus 37 sedes a nivel nacional.
Del total de casos de presunta corrupción, de acuerdo al Boletín Informativo, el 51% se concentra en siete regiones del país, estas son: Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca.
Los hechos, en su mayoría, están asociados a las contrataciones públicas de bienes y servicios, entre los que se registran la adquisición de implementos de bioseguridad, equipos médicos, productos de limpieza y aseo personal, alimentos, entre otros.
Por otra parte, entre las instituciones agraviadas por los supuestos actos ilícitos se registran las Municipalidades distritales y provinciales, los Gobiernos Regionales; asimismo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Salud, EsSalud, entre otros.
Desde que el Gobierno decretó en Emergencia Sanitaria al país a consecuencia del Coronavirus, el 11 de marzo de 2020, la PPEDC viene articulando la defensa jurídica del Estado y coadyuvando en la labor de las fiscalías especializadas anticorrupción en los procesos por presuntos delitos de corrupción, que se originaron en el marco de la pandemia.