Abogados del Estado analizaron la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el perjuicio económico que ocasionan al Estado peruano.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) realizó un congreso nacional con el propósito de mejorar los indicadores de productividad respecto del cobro de la reparación civil en los casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos.
Durante la mesa de trabajo se analizaron los mecanismos de acción de los procuradores articulando criterios comunes de actuación de defensa como actor civil en los procesos de corrupción, además se afianzó los conocimientos en material penal.
Asimismo, se debatió sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el perjuicio económico que ocasionan al Estado peruano. Se abordó también los criterios adoptados por la Procuraduría para la determinación del monto de reparación civil y la aplicación práctica de las medidas cautelares.
El evento forma parte del Plan Operativo Institucional de la PPEDC y estuvo encabezado por el procurador especializado en delitos de corrupción Amado Enco Tirado. Contó con la participación de los procuradores descentralizados, coordinadores y jefes de las 37 sedes a nivel nacional.
Se contó con la presencia de destacados especialistas en materia penal y civil que estuvieron a cargo de las exposiciones, así como del Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Mijichich, quien acudió en representación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi.
Cabe destacar que, la PPEDC logró recaudar más de 10 millones de soles por cobros de reparaciones civiles que adeudan sentenciados por corrupción en el 2017. Este resultado involucró un aumento de interposición de medidas cautelares, embargos y una mayor presencia de la Procuraduría en las diligencias ante las fiscalías especializadas y órganos jurisdiccionales.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Procuraduría Anticorrupción, viene impulsando una política de fortalecimiento en la defensa de los intereses del Estado.