El procurador especializado en delitos de corrupción, Amado Enco, denunció a los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, además de otros funcionarios públicos.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) solicitó al Ministerio Público iniciar una rigurosa investigación por los videos y audios difundidos públicamente que comprometen a congresistas de la República y a otros funcionarios públicos en la comisión de presuntos delitos de corrupción, que agravian seriamente los intereses del Estado.
La información propalada en el Congreso de la República por la bancada de Fuerza Popular, el martes 20 de marzo, fue materia de análisis por parte de los abogados del Estado que conforman esta institución, disponiéndose acciones inmediatas a fin de salvaguardar los intereses del Estado.
En consecuencia, la PPEDC solicitó al Ministerio Público abrir investigaciones preliminares a los congresistas de la República Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, además del asesor parlamentario Alexei Toledo, y a Fredy Aragón Valdez, ex Gerente de la Gerencia de Políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil –SUCAMEC.
Según los indicios revelados, las personas mencionadas habrían sostenido diversas reuniones y o coordinaciones con el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani con la finalidad de ofrecerle determinados beneficios – obras a favor de sus regiones, cargos públicos, etc – a cambio de que su voto, en el segundo pedido de vacancia del entonces presidente de la República Pedro Pablo Kuzcynski, sea en contra o en abstención.
A criterio de la Procuraduría, los hechos propalados configurarían el presunto delito de cohecho activo genérico, sin embargo no se descarta otros ilícitos penales que pudieran surgir durante el curso de las investigaciones a cargo de la Fiscalía.
En el marco de sus atribuciones y a fin de garantizar una adecuada defensa de los intereses del Estado, la PPEDC está solicitando información a diferentes autoridades e instituciones públicas, además de emplear todos los recursos legales necesarios para garantizar el imperio de la ley, en este y en todos los casos de corrupción que tiene a su cargo.